¿Hay plata para cumplir la ley universitaria? Un informe dice que sí
Marcha universitaria en la Plaza San Martín de Rosario. Foto de archivo
Según Zentrix Consultora, cumplir la ley universitaria costaría hasta $3,65 billones y el Presupuesto 2027 ya tiene $5,93 billones sin destino fijo.
Hoy es la Marcha Federal Universitaria y la pregunta de fondo es simple: ¿hay plata para cumplir la ley universitaria? Un informe de Zentrix Consultora, difundido este jueves 15 de octubre, dice que sí.
Según la consultora, cumplir la ley costaría entre $2 y $3,65 billones el año próximo. A la vez, el proyecto de Presupuesto 2027 que envió el Poder Ejecutivo deja $5,93 billones en una partida del Tesoro sin destino fijo. Es plata que el Gobierno asigna durante el año.
La idea del informe, en simple: no habría que gastar de más. Alcanzaría con mover fondos de un lado a otro, sin cambiar el total. Por eso, según su cálculo, usarlos para las universidades “no modificaría el resultado fiscal que proyecta el Gobierno nacional”.
En Rosario, la marcha se concentra a las 15.30 en Plaza San Martín. Luego, a las 17, la columna sale hacia el Monumento a la Bandera. Estacionline detalló los cortes de tránsito en Rosario por el recorrido.
La ley universitaria, promulgada pero suspendida
El Decreto 759/2025 promulgó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Se publicó en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025. Sin embargo, la promulgación fue “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”. Ese artículo deja suspendida la ejecución “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Según el informe, la norma rige desde octubre de 2025, cuando ambas cámaras del Congreso insistieron con los dos tercios tras el veto presidencial. De acuerdo con la consultora, el argumento del Ejecutivo para suspenderla fue fiscal: la ley no identifica de dónde saldrían los fondos.
En este sentido, la cronología del informe repasa el frente judicial. Allí indica que la Justicia ordenó cumplir los artículos de salarios y becas, en una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. Además, según Zentrix, el 6 de octubre un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa. Siempre según el texto, el Gobierno apeló esa sentencia. “La pregunta de fondo sigue abierta: ¿hay recursos para cumplirla?”, plantea el informe.
Cuánto cuesta cumplir la ley universitaria
El informe calcula el costo sobre los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales. Cumplir lo que hoy exige la cautelar, es decir, recomposición de salarios y becas, costaría unos $2 billones en 2027.
Por otro lado, la ley universitaria completa suma la actualización de gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, la ciencia y la extensión. Para ese caso, Zentrix estima entre $2,45 y $3,65 billones, según la base de cálculo. En todos los casos, el monto equivale a entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027. A su vez, representa entre el 0,14% y el 0,26% del PBI.
Dónde ubica Zentrix los fondos
De acuerdo con el informe, la jurisdicción que más crece en el proyecto 2027 es Obligaciones a cargo del Tesoro. Pasa de $5,6 a $14,8 billones. Más de la mitad, $7,68 billones, figura como “otras asistencias financieras”, sin beneficiario definido.
La consultora afirma que aplica un criterio conservador. Descuenta la reserva para aumentos salariales de toda la Administración Nacional, de $1,45 billones. También resta lo que ya se destina a universidades, $0,30 billones. Aun así, calcula que quedan $5,93 billones sin asignación específica, cuyo destino define el PEN durante el ejercicio. En consecuencia, el costo de la ley completa equivaldría, como máximo, al 62% de ese monto.
La ley universitaria y el equilibrio fiscal
Según Zentrix, “ese margen no implica gasto nuevo”. El informe explica que los fondos sin asignación específica ya están contabilizados en el gasto total del proyecto. Por eso, sostiene, reasignarlos a las universidades no altera el resultado financiero previsto. “Lo que se reduce es la discrecionalidad del PEN para decidir su destino”, señala el texto.
Además, la consultora plantea que tampoco haría falta una ley nueva. Cita la Ley de Administración Financiera (24.156), que habilita al jefe de Gabinete de Ministros a reestructurar créditos dentro del monto total aprobado. También menciona que el propio proyecto 2027 otorga al PEN facultades de reasignación durante el ejercicio.
Por último, el informe describe “una salida de orden legal”. Si el Congreso de la Nación incorpora la partida al tratar el Presupuesto 2027, “el fundamento del Decreto 759/2025 deja de existir”, concluye Zentrix.
El costo de no cumplir, según el informe
Según el informe, nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario van a salarios. Por lo tanto, la diferencia entre el crédito y la inflación recae sobre el ingreso de docentes y no docentes. El texto señala que el acuerdo de junio cortó 19 meses de caída. Sin embargo, ubica el salario real 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
Con datos del Consejo Interuniversitario Nacional, el informe indica que unos 10.000 docentes renunciaron en ese período. Además, en 2025 la ejecución real de ciencia y técnica universitaria equivalió al 38% de la de 2023.
Lo que viene, según Zentrix
Zentrix advierte que el proyecto 2027 “suma un nuevo punto de conflicto”. Su artículo 12 fija un crédito cerrado y calcula los aumentos sobre las plantas de noviembre de 2026. En cambio, la Ley 27.795 obliga a paritarias con intervalos de no más de tres meses. También exige una actualización salarial no inferior a la inflación.
Según la consultora, por cada cinco puntos de desvío de la inflación prevista quedarían sin financiar unos $0,32 billones. Como la ley de presupuesto no puede derogar leyes vigentes, la obligación subsistiría, sostiene el informe. En ese escenario, “el litigio se renovaría en 2027”.
Para Zentrix, la definición queda en dos frentes. Uno es la Cámara de Apelaciones, que revisará la sentencia de fondo. El otro es el Congreso, que al votar el artículo 12 “tiene la posibilidad de cerrar el conflicto sin afectar el equilibrio fiscal”.
Sobre el estudio
El análisis se basa en la Ley 27.795, el Decreto 759/2025, las leyes 24.156 y 24.629 y el proyecto de Presupuesto 2027 con sus planillas. Además, usa resoluciones judiciales del caso y datos del Consejo Interuniversitario Nacional, FEDUN-CIICTI, ACIJ, ASAP, la Oficina de Presupuesto del Congreso y el INDEC. La información está actualizada al 13 de octubre de 2026. Las estimaciones van en rangos y en pesos corrientes de 2027. El resumen ejecutivo del informe de Zentrix está disponible en el sitio de la consultora.
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