La Trastienda: qué hay detrás de la reforma electoral en Santa Fe

Bienvenidos a la Trastienda, una mirada a la política de Santa Fe desde adentro, para entender no sólo qué pasa, sino también por qué pasa y qué puede pasar después.

“Nadie sabe lo que pasa en la habitación donde suceden las cosas”. Ese es el leitmotiv de una de las piezas principales del musical de Broadway Hamilton, una obra con profunda carga política que sigue la vida del primer secretario del tesoro de los Estados Unidos, el ahora archifamoso Alexander Hamilton. Esa es la sensación que a uno le genera cuando empieza a hurgar en los detalles de la cocina de uno de los proyectos más importantes de la última década: la reforma electoral en la provincia de Santa Fe.

De boletas, reformas y cómo votar

Desde la implementación de la Boleta Única de Papel en el año 2010, la provincia ha sido la punta de lanza de una batalla por la modificación de la forma de emitir el voto en la Argentina, que tuvo un impacto tan profundo que a lo largo de la última década y media Córdoba (2011), Mendoza (2023), San Luis (2024) y Chubut (2024) siguieron el ejemplo y adoptaron mecanismos electorales similares, culminando con la adopción de la propia Nación (2024) de dicho método para sus comicios nacionales. Entre Ríos adhirió posteriormente (2025), pero aún no ha implementado el sistema en comicios formales.

Es importante resaltar que experiencias similares, como la Boleta Única Electrónica, fueron adoptadas en Salta (2009), CABA (2023) y Neuquén (2025), transformándose de esta forma en parte de la constelación de jurisdicciones que abandonaron la boleta partidaria tradicional del sistema argentino.

En Santa Fe, el sistema electoral está diseñado para que los votos, como dice la jerga, “no se arrastren”. Esto quiere decir que imposibilita, a partir del mecanismo de boletas separadas por categorías, que un candidato fuerte atraiga la cantidad de votos suficientes para beneficiar a los demás integrantes de las listas identificados con su sello político. En la práctica, esto permitió una mayor diversidad en la representación política, habilitó que expresiones minoritarias obtengan representación a nivel legislativo tanto en provincia como en los municipios, y abrió el juego partidario a actores que no provenían del establishment santafesino tradicional.

Claramente, estas nuevas reglas debilitaron el poder estructural de los partidos tradicionales, especialmente en las grandes urbes y en las categorías donde el conocimiento del candidato juega un papel fundamental. Además, habilitaron escenarios donde un partido obtenía la victoria en el ejecutivo pero mordía el polvo de la derrota en los comicios legislativos, o donde candidatos del mismo espacio obtenían resultados dispares según la categoría. Eso lo podemos ver en las propias elecciones de 2023 en Santa Fe, donde Clara García apenas alcanzó la mitad de los votos que el candidato a gobernador de su espacio, Maximiliano Pullaro.

Inevitablemente, la crisis de representación que sufre Argentina desde el año 2001 encontró una buena válvula de escape en el nuevo sistema santafesino: tanto en Rosario como en Santa Fe proliferaron los outsiders como elemento de aglutinamiento político y de voluntades, utilizados indiscriminadamente por todo el arco político provincial. Anita Martínez, Carolina Losada, Marcelo Lewandowski y Amalia Granata fueron sus principales exponentes —todos periodistas de perfil alto— que triunfaron cómodamente u obtuvieron resultados notables en su palmarés electoral.

Esta situación preocupa en demasía a nuestra clase dirigente: a nadie le gusta sentirse desplazado. Y esto, en un ambiente tan conservador y endogámico como la política santafesina, resultaba una amenaza casi existencial. Hay que decir que el advenimiento de una figura como la de Javier Milei a la presidencia expresaba la suma de todos los temores de una clase dirigente agotada y temerosa de perder sus privilegios y, ante todo, su poder.

Por otro lado, en simultáneo, la conquista de Maximiliano Pullaro de la Casa Gris enviaba un mensaje totalmente distinto: la casa estaba en orden, había un nuevo dueño que iba a remodelar a placer, pero todos iban a poder vivir cómodos con él. Dicho y hecho: el aprovechamiento de los mecanismos institucionales que le garantizaban la suma del poder público le permitió al gobernador impulsar una serie de reformas estructurales en la provincia que culminaron, como el manual de todo buen reformista indica, con la Carta Magna.

Acá hay que detenerse en un detalle importante, porque es la bisagra que explica todo lo que vino después: si bien Unidos goza de una mayoría holgada en ambas cámaras de la legislatura, siempre ha buscado acuerdos y legitimidad política para su agenda; y la dinámica propia de la política santafesina le ha permitido negociar en las cámaras con los representantes del perottismo y el peronismo de los senadores departamentales, mucho más amables en su oposición al gobernador y más predispuestos a escuchar sus sugerencias.

Con la reforma de la constitución, Pullaro, el Apostador, se jugó un pleno total: encabezaría las listas, pondría en juego todo su capital político y buscaría un refrendo para su gestión. Le salió bien. La extraña fecha de los comicios, la nula difusión de lo que estaba en juego, la apatía y el frío hicieron lo suyo: participación escasa y cómodo triunfo del gobernador, otra victoria más en la lista.

La reforma fue más o menos lo que todos esperábamos: autonomía para Rosario y Santa Fe, reelección para el gobernador, paquete social y cultural para el socialismo, y abolición de la cláusula de los 28 diputados. La actualización del texto implicaba un paso importante en la modernización, pero ponía en riesgo la gobernabilidad de la provincia: si ahora las bancas de la cámara de diputados se repartirían por sistema D’Hondt, proliferarían las candidaturas en esa categoría, y quien gobernase se vería en un aprieto importante al tener que negociar la gobernabilidad con decenas de bloques minoritarios. Y eso es algo que nadie en la política santafesina quiere.

Una reforma de (parte) de la política para la política

Precisamente para blindarse de ese escenario es que nace la discusión actual. La reforma electoral que se está debatiendo hoy involucra siete proyectos de ley presentados por diferentes fuerzas políticas: la UCR, el socialismo, dos sectores del peronismo (senadores y perottistas), el PRO, el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y el Partido UNO. La discusión se ordena en torno a dos ejes principales: los pisos electorales y la cantidad de boletas.

Mientras la UCR propone mantener las cinco boletas por categoría en las PASO y reducirlas a dos en las elecciones generales (una concentrando los cargos provinciales y otra para los cargos locales), UNO —integrante de Unidos— plantea un esquema intermedio de tres boletas en las generales: gobernador y diputados juntos, senadores por separado, e intendente y concejo juntos. Por su parte, el socialismo, el PRO, el FAS y los dos proyectos del PJ apuestan por conservar el formato tradicional de cinco boletas en ambas instancias.

La información más reciente apunta a que se habría llegado a un consenso de cinco boletas en las PASO y tres en las elecciones generales: una para gobernador y diputados, otra para senador departamental, y la tercera para los cargos locales de intendente y concejales. En este acuerdo habría sido fundamental la presión del partido de los senadores, conducidos por los grandes demócratas Felipe Michlig y Armando Traferri, grandes emblemas de la institucionalidad y la alternancia republicana.

Respecto al piso electoral, nos encontramos con el asunto más peliagudo de toda la reforma. Todos coinciden en el 1,5% en las PASO, pero al llegar a las generales empiezan las discrepancias.

Originalmente, el radicalismo apuntaba a un 5% del total del padrón como requisito mínimo para acceder a una banca en la Cámara de Diputados. Allí coinciden, cómo no, los senadores departamentales del PJ, en discrepancia con sus socios del perottismo, quienes apuntan a ubicar el piso en un 3,5%, visión que comparten con UNO. El socialismo —padre en espíritu de la criatura que están masacrando— negocia por reducirlo al 3%, y lejos quedan las pretensiones republicanas del PRO, que quiere un piso del 4% de los votos emitidos. Demasiado amor por la representatividad para nuestra clase política. Según pudo saber la Trastienda, las negociaciones estarían cerca del número mágico del 4% de piso.

Fuentes consultadas del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario comentaban que el piso del 5% ubicaría a la provincia entre los sistemas más restrictivos del país: “Sosteniendo el sistema de primarias ya hay un filtro y recorte de minorías, y los proyectos coinciden en sostener el umbral mínimo para pasar a las generales. Los umbrales no deberían ser sobre padrón, sino sobre los votos válidos emitidos”.

La misma fuente también expresaba su “profunda preocupación” por las modificaciones que se plantean en materia de piso electoral para acceder a una banca de diputado o concejal, y por la imposibilidad que se estaría planteando de concurrir a los comicios con boleta “corta” o separada de los cargos ejecutivos. Esa medida perjudica de sobremanera a los espacios vecinales en el caso municipal y a las fuerzas políticas minoritarias que no podrían postularse solamente a una categoría representativa, lo cual mella claramente la representación de los ciudadanos al establecer filtros adicionales a las expresiones políticas.

Una especialista en temas electorales nos comentaba, además, que para ella “claramente” hay una intencionalidad de contrarrestar los efectos antiarrastre de la boleta única por categoría y de fortalecer los armados territoriales, y que esa búsqueda es compartida “tanto por el pullarismo como por el peronismo”, en detrimento de los armados pequeños como el Frente Amplio por la Soberanía y los espacios distritales. En esa línea, también explicaba que nota una tendencia a la concentración de la representatividad en los partidos mayoritarios mediante la implementación de pisos electorales elevados, que perjudicarían a los espacios con menos despliegue territorial. Con esto, se garantiza la gobernabilidad del ejecutivo en detrimento de la representatividad de los electores.

Desde la Trastienda, consideramos que el espíritu de la reforma apunta a amortiguar el efecto de la derogación de la mayoría automática del vencedor en Diputados, implementando mecanismos que perjudican la representación que pueden obtener los ciudadanos, con pisos de acceso a las bancas exageradamente altos y atando las categorías legislativas a las ejecutivas —precisamente para prevenir el impacto de candidatos de alto perfil que compitan por fuera de las estructuras partidarias tradicionales, los mismos outsiders que en la última década le torcieron el brazo al establishment santafesino—.

Al final, en esa habitación donde suceden las cosas, donde nadie sabe bien qué se negocia, la política se está blindando de sí misma. O dicho en fácil: una reforma de parte de la política, para parte de la política.