Emergencia en discapacidad hasta 2027: el proyecto que busca un fondo para pagar las prestaciones adeudadas en Rosario
Instituciones y prestadores de discapacidad, con carteles por aranceles dignos y contra el ajuste, en una protesta en Rosario. Foto de archivo.
Un proyecto de la concejala Ana Laura Martínez crea un fondo para pagar prestaciones adeudadas. También habilita a la Municipalidad a gestionar un préstamo. Además, la autoriza a reclamarle a Nación lo que tenga que poner. Todavía tiene que pasar por comisión y votarse.
La concejala Ana Laura Martínez, presidenta del bloque PRO, presentó un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en discapacidad en Rosario hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa crea un sistema municipal para cubrir, de manera “subsidiaria y excepcional”, lo que deja de pagar Nación. También crea un fondo para saldar prestaciones adeudadas. Además, abre la posibilidad de que la Municipalidad tome deuda para afrontarlas. También la autoriza a reclamarle a Nación, incluso por vía judicial, lo que haya puesto con recursos propios.
El expediente, el 282817, ingresó en la sesión del jueves 1 de octubre y es un proyecto. Tiene que pasar por las comisiones de Igualdad, Género y Derechos Humanos, de Gobierno y de Presupuesto y Hacienda. Después debe votarse en el recinto.
Qué propone
El artículo 1 crea el Sistema Municipal de Compensación Económica al Sistema de Discapacidad. Está destinado a cubrir los déficits que, según el texto, se producen “como consecuencia del incumplimiento del gobierno nacional de las leyes vigentes” en la materia. El objetivo declarado es que no se corten tratamientos, terapias, apoyos ni servicios. Tendrán prioridad los niños, niñas y adolescentes.
Para eso, el proyecto ordena una serie de pasos:
- Relevamiento en 30 días. Desde la promulgación, el Ejecutivo tendría 30 días para contar cuántas instituciones y prestadores hay en la ciudad, qué servicios brindan, a cuántas personas atienden y qué prestaciones están cortadas, reducidas o en riesgo. Los datos se publicarían en formato abierto.
- Registro de deudas. Un listado de las obligaciones vinculadas al sistema nacional de discapacidad: a quién se le debe, por qué concepto, cuánto y en qué estado está el pago. Se enviaría al Concejo.
- Fondo extraordinario. El Fondo Municipal Extraordinario para la Emergencia en Discapacidad se usaría “exclusivamente” para cubrir prestaciones adeudadas. Se integraría con partidas que defina el Ejecutivo, aportes nacionales y provinciales, donaciones y lo que se obtenga por crédito.
- Destino prioritario. Sostener las prestaciones esenciales, asistir a instituciones cuya continuidad esté en riesgo, dar ayudas económicas a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y garantizar el transporte a tratamientos, escuelas y rehabilitación.
El préstamo, con aval del Concejo
Uno de los ejes del proyecto es el financiamiento. El artículo 6 le encomienda al Ejecutivo gestionar un empréstito u otra operación de crédito público, interna o externa. Su fin es cancelar o refinanciar deudas exigibles vinculadas a prestaciones de discapacidad. El proyecto se apoya en el artículo 156 de la Constitución santafesina, que permite a los municipios integrar su tesoro con empréstitos. También se apoya en la Ordenanza 10.850, que regula el crédito público municipal.
Esa operación no sería automática. Tendría que fundarse en un informe técnico-financiero con el monto total adeudado, los acreedores, la tasa, el plazo, el período de gracia, el impacto anual sobre las cuentas municipales y la fuente para devolverlo. Antes de firmarla, el Ejecutivo tendría que mandar al Concejo un proyecto de autorización. Debería aprobarse con las mayorías que fija la normativa.
El texto no establece montos: ni para el fondo ni para el eventual préstamo. Los fundamentos aclaran que la ordenanza “no pretende trasladar al Municipio las obligaciones propias del Estado Nacional”. Además, sostienen que el endeudamiento no debe convertirse en una fuente de financiamiento “ordinario y permanente”.
El reclamo a Nación y el control
El artículo 14 autoriza a la Municipalidad a iniciar acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales contra el Estado nacional. El objetivo es recuperar lo que haya puesto con fondos propios para cubrir prestaciones que, según la normativa, le correspondían a Nación. Según los fundamentos, lo que se recupere debería volver al fondo.
Para el seguimiento, el proyecto crea un Consejo de Seguimiento y Control de 13 integrantes. Cinco son del Ejecutivo: dos del Departamento Ejecutivo, uno de ellos de la Dirección General de Discapacidad, más Hacienda, Salud y Desarrollo Humano. Dos son del Concejo y seis de organizaciones de personas con discapacidad e instituciones sin fines de lucro. El Ejecutivo debería presentar cada tres meses un informe. Incluiría lo presupuestado, lo ingresado, lo gastado, las instituciones que recibieron fondos, la cantidad de personas alcanzadas y el estado del préstamo. Si las causas persisten, el Ejecutivo podría pedirle al Concejo una prórroga.
El contexto
A nivel nacional rige la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. La reglamentó el Decreto 84/2026 en febrero, después de que un juzgado federal ordenara su aplicación. El proyecto de Presupuesto 2027 que envió el Ejecutivo nacional propone derogarla. Ese proyecto incluye otros cambios para el sector, como se informó en esta nota.
En los fundamentos, Martínez sostiene que las dificultades económicas de las instituciones y prestadores “pueden comprometer la continuidad” de tratamientos, terapias, transporte y servicios educativos. Cita como antecedente la Ordenanza 10.870, sancionada en diciembre de 2025. Esa norma condonó deudas de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección a instituciones prestadoras. También menciona el gasto municipal en traslados y en sillas de ruedas.
No es la única iniciativa sobre el tema en el Concejo. En la comisión de Servicios Públicos sigue en estudio un proyecto de la concejala Norma López. Propone que los trabajadores de instituciones prestadoras viajen gratis en colectivo, con dos viajes diarios, mientras siga vigente la emergencia nacional.
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