Cuidacoches en Rosario: un proyecto pide la prohibición total y otro la condiciona a la reinserción laboral
Un cuidacoches en una calle de Rosario. Foto de archivo
Los concejales Federico Lifschitz y Norma López presentaron el 1 de octubre dos proyectos para que Rosario adhiera a la ley provincial. Ninguno se votó: pasan a comisión. Además, la reseña oficial de esa sesión no registra el mensaje del Ejecutivo sobre el tema.
La adhesión de Rosario a la ley provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches ya tiene dos proyectos de ordenanza en el Concejo Municipal. Los presentaron el jueves 1 de octubre los concejales Federico Lifschitz (expediente 282552) y Norma López (expediente 282931). Los dos proponen adherir, pero con enfoques distintos. Uno plantea la prohibición total con operativos prioritarios. El otro propone no sancionar hasta que funcione un programa municipal de reinserción laboral. Todavía son proyectos: tienen que pasar por comisión y votarse.
El contexto
La ley provincial modifica el Código de Convivencia para prohibir y sancionar la actividad no autorizada de cuidado, guarda, señalización y limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero. Requiere que cada municipio adhiera para aplicarla. El 21 de septiembre, el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, anticipó que el Ejecutivo enviaría su propio mensaje de adhesión al Concejo. Sin embargo, la reseña oficial de la sesión del 1 de octubre no registra ese mensaje entre lo tratado ni lo votado.
El proyecto de Lifschitz: prohibición total y operativos
El texto dispone la prohibición “total y absoluta” de la actividad informal de cuidacoches y lavadores de vehículos en toda la vía pública de la ciudad. Aparte, establece que el Ejecutivo desplegaría operativos de máxima prioridad junto con las fuerzas provinciales. Serían en tres tipos de zonas: las de estacionamiento medido, los perímetros concesionados y los corredores comerciales, gastronómicos, de nocturnidad y los centros de salud. También en un radio de hasta 20 cuadras en eventos masivos, deportivos o culturales. Esos operativos se harían desde dos horas antes del inicio hasta una hora después del final.
La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Control y Convivencia, cuyos agentes podrían hacer cesar la conducta y labrar actas. El Ejecutivo firmaría convenios con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia para patrullajes conjuntos. También para el auxilio de la fuerza pública ante resistencia o violencia. Las sanciones se incorporarían al Código de Convivencia Ciudadana de Rosario, sin perjuicio de enviar las actuaciones a la Justicia contravencional provincial. Un detalle del texto presentado: deja en blanco el número de la ley provincial a la que se adheriría.
Según sus fundamentos, el cobro “extorsivo” o la apropiación indebida del estacionamiento vulnera el derecho a circular y genera situaciones de inseguridad para automovilistas y peatones.
El proyecto de López: adhesión con reinserción
La propuesta de Norma López adhiere a la misma ley, pero fija condiciones. La adhesión se perfeccionaría solo mediante esta ordenanza. No valdría si se instrumenta por un mensaje del Ejecutivo u otra norma que no incluya sus obligaciones. Además, el régimen sancionatorio no podría empezar a aplicarse hasta que el Ejecutivo certifique ante el Concejo que está operativo un Programa Municipal de Inclusión Social y Reconversión Laboral.
Ese programa tendría que incluir un censo actualizado de quienes trabajan cuidando autos. El censo discriminaría cuántos tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD). También incluiría capacitación laboral, terminalidad educativa e intermediación en el empleo formal. Además, la obligación de ofrecer por escrito el ingreso al programa a toda persona identificada o sancionada, antes o durante el procedimiento. Debería haber un protocolo para niños, niñas y adolescentes que priorice su derivación a organismos de protección y excluya las sanciones contravencionales. Y medidas específicas para personas con discapacidad.
El proyecto pone a la Secretaría de Gobierno como autoridad de aplicación, con articulación obligatoria con Desarrollo Humano y Hábitat. Exige derecho de defensa, asistencia letrada y resoluciones fundadas. Prohíbe la violencia o el trato degradante en las intervenciones. Además, manda al Ejecutivo a enviar informes trimestrales al Concejo.
Según los fundamentos, el tema remite en su gran mayoría a la vulnerabilidad socioeconómica y a la falta de inserción laboral. Una adhesión solo sancionatoria corre el riesgo de desplazar el problema sin resolverlo. Los fundamentos mencionan también la situación de personas con discapacidad en el actual contexto nacional de revisión de pensiones no contributivas.
El debate en el Concejo
El 2 de octubre, un día después de la sesión, se reunió por cuarta vez la mesa de trabajo sobre cuidacoches. Participaron el senador provincial Ciro Seisas, autor de la ley, y concejales de distintos bloques. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, planteó la necesidad de avanzar con una ordenanza local para aplicar la ley en la ciudad. Se presentó un relevamiento que identificó 1.395 cuidacoches, de los cuales 1.218 se concentran en el radio céntrico. Además, se informó que durante 2025 hubo 200 detenciones policiales vinculadas con la actividad.
Lo que sigue
Los dos expedientes irán a comisión. El de Lifschitz, a las comisiones de Obras Públicas, de Gobierno y de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. El de López, a la de Obras Públicas. Para que la ley provincial se aplique en Rosario, el Concejo tiene que votar una ordenanza de adhesión.
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