Cristina Kirchner llevó la condena de la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
Cristina Fernández de Kirchner cumple la condena firme en la causa Vialidad bajo arresto domiciliario. Foto: archivo
Cristina Fernández de Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena dictada en la causa Vialidad. El planteo abre una etapa internacional después de que se agotaran las instancias judiciales en la Argentina y busca que el organismo examine si durante el proceso se vulneraron garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La expresidenta anunció la medida mediante una carta abierta y sostuvo que el juzgamiento estuvo atravesado por “arbitrariedades, falta de independencia y un sesgo de género”, y que la inhabilitación perpetua constituye una forma de exclusión política que afecta tanto su derecho a participar como el de la ciudadanía a elegir. Esos señalamientos integran la posición de la defensa y deberán ser evaluados en el procedimiento internacional. La estrategia jurídica reúne al abogado argentino Carlos Beraldi con el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim.
La condena que originó el planteo
El Tribunal Oral Federal N.º 2 la condenó por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en una causa vinculada con la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz, con una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia en noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos y el fallo quedó firme. Desde el 17 de junio de ese año, cumple la pena bajo arresto domiciliario en Buenos Aires. Fernández de Kirchner mantiene su declaración de inocencia y atribuye la causa a una persecución política.
Qué puede resolver el Comité
El Comité de Derechos Humanos está integrado por 18 expertos independientes y supervisa el cumplimiento del Pacto. El primer paso será el examen de admisibilidad, que analiza si se agotaron los recursos internos y si el mismo asunto no está siendo tratado por otro mecanismo internacional. La presentación no funciona como una nueva apelación penal ni suspende por sí sola la condena: el organismo no puede anular una sentencia argentina y, al finalizar el trámite, emite un dictamen sobre la existencia o no de violaciones al Pacto y puede recomendar medidas de reparación. El procedimiento no tiene una resolución inmediata.